El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha ampliado a más entidades financieras el protocolo general de actuación para facilitar a los ayuntamientos de la provincia la financiación que les corresponda asumir de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que se acometerán, gracias al programa de construcción de vivienda para venta y alquiler, que está desplegando la entidad provincial en el territorio sevillano.
Entre estas entidades se encuentra Caja Rural del Sur con quien se ha establecido un marco de colaboración para facilitar el estudio, porque cada proyecto es diferente, así como la financiación, en su caso, de las promociones de vivienda ya planificadas a través de dicho programa. En el acto de firma del acuerdo ha estado José María Vera, Subdirector General y Director Comercial de la entidad.
Como se aprobó en el Pleno del 27 de noviembre, estas subvenciones permitirán la construcción de 1.182 inmuebles en venta o en alquiler, en 37 promociones distribuidas por 31 municipios, con una aportación de la Diputación de 69,3 millones de euros.
La institución financiará el 50% de las iniciativas de viviendas de alquiler, con un tope máximo de renta mensual de 350 euros al mes, y aportará 50.000 euros por cada inmueble destinado a la venta, cuyo precio no podrá ser superior a 115.000 euros. El resto de la financiación correrá a cargo de los ayuntamientos, cuya financiación favorable se pretende facilitar con este acuerdo con las seis entidades antes citadas.
El presidente, Javier Fernández, ha agradecido a todos los responsables de las firmas financieras que hoy han suscrito dicho acuerdo ‘la implicación y el respaldo a las políticas de la Diputación. Compartimos objetivos y compartimos el interés por abrir líneas de colaboración que nos permitan estar a la altura de lo que la ciudadanía y los jóvenes en particular nos demandan: tener a las instituciones públicas y financieras al lado, para afrontar una de las principales demandas que tiene hoy por hoy la sociedad’.
El acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2029 y contempla la constitución de una comisión de seguimiento, que se reunirá al menos una vez al año. Con esta firma, las entidades financieras y la Diputación refuerzan su compromiso con el acceso a la vivienda y el desarrollo equilibrado del territorio.
